Las multas aduaneras son uno de los problemas más frecuentes y costosos que enfrentan importadores y exportadores en el Perú. Muchas de ellas no provienen de grandes fraudes ni de actos dolosos, sino de errores documentales, clasificaciones arancelarias incorrectas o desconocimiento de los procedimientos vigentes. Conocer cómo funcionan, cómo prevenirlas y qué cuesta contar con asesoría legal especializada puede marcar la diferencia entre una operación exitosa y una contingencia que paraliza el negocio.
¿Qué son las multas aduaneras en Perú?
Las multas aduaneras son sanciones económicas impuestas por la SUNAT cuando un operador de comercio exterior incumple las obligaciones establecidas en la Ley General de Aduanas (D. Leg. 1053) y sus normas reglamentarias. Estas sanciones están detalladas en la Tabla de Sanciones Aplicables de SUNAT, que clasifica las infracciones según su gravedad y el sujeto infractor —importador, exportador, agente de aduana, almacenero, transportista, entre otros.
A diferencia de las infracciones tributarias convencionales, las infracciones aduaneras tienen características particulares: pueden aplicarse incluso cuando no hay tributos omitidos, es decir, el solo hecho de declarar información incorrecta o presentar documentación incompleta puede generar una sanción económica. Esto sorprende a muchos operadores que consideraban que, al no deber impuestos adicionales, no había riesgo de multa.
Infracciones aduaneras más comunes
Entender los errores más frecuentes es el primer paso para evitarlos. Según la normativa vigente y la práctica operativa, estas son las infracciones que generan mayor cantidad de multas en el Perú:
- Declaración de valor incorrecto: cuando el valor en aduana declarado no coincide con el valor real de la transacción, SUNAT puede aplicar ajustes y multas, incluso si no hay diferencia en los tributos a pagar.
- Error en la descripción de la mercancía: declarar datos provisionales o imprecisos sobre marca, modelo, estado, calidad u origen puede generar observaciones y sanciones formales.
- Documentación incompleta o inconsistente: la falta de concordancia entre factura comercial, packing list, documento de transporte y soporte de pago es una causa frecuente de multa.
- Documentación no veraz o materialmente inconsistente: presentar documentos que no reflejen la realidad de la operación, aunque no haya falsificación intencional, puede derivar en sanciones graves.
- Mercancía restringida sin documentación exigible: importar o exportar productos que requieren permisos sectoriales —como registros sanitarios, autorizaciones del Ministerio de Agricultura o certificaciones del MTC— sin la documentación correspondiente es una infracción frecuente y costosa.
- Mercancía prohibida: el error más grave en esta categoría. Intentar importar o exportar productos cuya comercialización está vedada en el Perú o en el país de destino puede derivar no solo en multas, sino en la pérdida de la mercancía e incluso en acciones penales.
- No regularización de regímenes aduaneros: no transmitir información ni proporcionar documentación para regularizar un régimen aduanero en el plazo y forma establecidos también configura infracción.
Monto de las multas aduaneras
Las sanciones aduaneras en el Perú se calculan con base en la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), cuyo valor en 2026 es de S/ 5,350. Dependiendo de la gravedad de la infracción y del sujeto infractor, las multas pueden ir desde el 10% de la UIT para infracciones leves hasta el 200% de la UIT o más para infracciones graves. En algunos casos, la multa puede calcularse sobre el valor de los tributos omitidos o sobre el valor FOB/CIF de la mercancía.
Un régimen de gradualidad de sanciones, contemplado en la normativa aduanera, permite reducir el monto de las multas si el infractor subsana voluntariamente antes de que SUNAT emita un requerimiento formal. Sin embargo, tras recientes modificaciones normativas, la reducción máxima disponible es del 100% del tributo omitido en algunos supuestos —una rebaja que si bien es positiva, no siempre cubre la totalidad de la sanción. Por ello, actuar de forma preventiva sigue siendo la estrategia más eficiente.
Cómo evitar multas aduaneras: estrategias preventivas
La prevención es siempre más económica que la defensa. Estas son las medidas concretas que todo importador y exportador debería implementar:
Antes del despacho aduanero
- Validar el valor de la mercancía: alinear factura, proforma, orden de compra, contrato y medio de pago antes de embarcar, especialmente si el monto de la operación es relevante.
- Verificar la clasificación arancelaria: antes de cerrar el trato con el proveedor, confirmar la partida arancelaria correcta reduce el riesgo de ajustes y sanciones posteriores.
- Revisar si el producto requiere permisos sectoriales: no asumir que “si el proveedor ya lo vendió antes no hay riesgo”. Cada importación debe validarse de manera independiente frente a los controles sectoriales vigentes.
- Armar un checklist documental: revisar la consistencia entre todos los documentos del despacho antes de transmitir la declaración o responder a un requerimiento reduce significativamente la probabilidad de error.
Durante la operación
- No transmitir datos provisionales: ingresar información “a cuenta” con la intención de corregirla después puede configurar una infracción, incluso si la corrección se realiza más tarde.
- Subsanar errores antes del requerimiento: cuando se detecta un error formal, corregirlo antes de que SUNAT emita una notificación formal puede reducir considerablemente el impacto de la sanción o eliminarla del todo.
- Capacitar al personal: los operadores de comercio exterior que invierten en formación continua de sus equipos reducen de manera significativa los errores humanos en la clasificación, valoración y documentación.
Medidas estructurales
- Implementar auditorías aduaneras internas: revisar periódicamente las operaciones permite identificar patrones de riesgo antes de que SUNAT los detecte.
- Trabajar con agentes de aduana confiables: la elección del agente de aduana es crítica. Un agente con experiencia, habilitado por SUNAT, reduce significativamente los errores en la elaboración de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM).
- Obtener la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA): este estatus, otorgado por SUNAT, no solo facilita el despacho aduanero sino que también proyecta confiabilidad ante la autoridad, lo que puede reducir la frecuencia de controles y fiscalizaciones.
Cuánto cuesta la asesoría legal en materia aduanera
Cuando la multa ya fue impuesta o el proceso de fiscalización está en curso, la asesoría de un abogado especialista es indispensable. Los costos varían según el tipo de servicio requerido:
Consulta inicial y diagnóstico
Una primera consulta con un abogado especializado en derecho aduanero tiene un costo que oscila entre S/ 50 y S/ 200 para asesorías básicas de 30 a 60 minutos. En estudios especializados de Lima —principalmente en San Isidro o Miraflores— la consulta inicial puede partir desde S/ 150 hasta superar los S/ 400, especialmente si requiere análisis documental o elaboración de una estrategia de defensa.
Asesoría preventiva y cumplimiento
Para empresas que importan o exportan de forma recurrente, muchos estudios ofrecen modalidades de retainer mensual —honorarios fijos que cubren consultas periódicas, revisión de operaciones y alertas normativas. Este esquema cuesta entre S/ 1,500 y S/ 5,000 mensuales, dependiendo del volumen de operaciones y la complejidad del negocio.
Impugnación de multas y recursos administrativos
Cuando se debe impugnar una resolución de sanción ante SUNAT, el abogado elabora el recurso de reclamación, sustenta la posición legal del cliente y gestiona el expediente. El costo por esta etapa oscila entre S/ 1,070 y S/ 5,000, considerando el mínimo referencial del Colegio de Abogados de Lima (20% de la UIT por instancia) como piso, aunque en casos de mayor complejidad los honorarios superan ampliamente ese rango.
Representación ante el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial
Si la disputa escala a la segunda instancia administrativa o a la vía judicial, los honorarios aumentan de manera considerable. La representación ante el Tribunal Fiscal puede costar entre S/ 1,500 y S/ 8,000, mientras que una demanda contencioso-administrativa puede superar los S/ 15,000, en función del monto en disputa y la complejidad jurídica del caso.
Tabla orientativa de costos legales
| Tipo de servicio | Tarifa estimada (S/) |
|---|---|
| Consulta inicial (30-60 min.) | 50 – 400 |
| Asesoría tributaria/aduanera por hora | 100 – 400 |
| Recurso de reclamación ante SUNAT | 1,070 – 5,000+ |
| Apelación ante el Tribunal Fiscal | 1,500 – 8,000+ |
| Demanda contencioso-administrativa | 3,000 – 15,000+ |
| Retainer mensual (empresa recurrente) | 1,500 – 5,000 |
| Consulta online (virtual) | 60 – 180 |
¿Vale la pena contratar asesoría legal preventiva?
La respuesta es categóricamente sí. Una multa aduanera que pudo evitarse con una consulta previa de S/ 150 puede derivar en una sanción de varios miles de soles si no se actúa a tiempo. El costo de una asesoría preventiva es, en la mayoría de los casos, una fracción mínima comparado con el costo de la multa, los intereses moratorios y los honorarios legales que implica defenderse cuando el proceso ya está en marcha.
Además, en el contexto actual —donde SUNAT ha intensificado sus controles sobre la valoración aduanera, el origen de las mercancías y los regímenes especiales—, la asesoría legal continua no es un gasto discrecional sino una inversión en la sostenibilidad operativa del negocio. Las empresas que implementan programas de cumplimiento aduanero, con apoyo de asesores legales especializados, reducen de manera sustancial su exposición a sanciones y logran mayor previsibilidad en sus costos de importación y exportación.
Prevenir una multa aduanera en Perú requiere disciplina documental, conocimiento normativo actualizado y, en muchos casos, el acompañamiento de un especialista que conozca tanto la letra de la ley como la práctica real de los despachos ante SUNAT. El costo de esa asesoría siempre será menor que el de afrontar una sanción sin respaldo legal adecuado.